Daniel , Ismael y Javier fueron detenidos por participar en un piquete en Barcelona durante la huelga general y desde entonces llevan ya 29 días en la cárcel. Su prisión es preventiva pero a efectos prácticos da igual: pagan ya una pena. La inocencia se les presupone por duplicado: porque aún no han sido juzgados y porque están acusados de unos hechos, los graves disturbios de ese día, de los que difícilmente pueden ser responsables. Daniel , Ismael y Javier fueron detenidos por la mañana y la violencia –como el incendio de una cafetería en el centro– llegó ya por la tarde, cuando estaban en el calabozo policial. Todos los detenidos por la tarde fueron puestos a las pocas horas en libertad.
Se supone que España es un Estado de derecho, que la fiscalía es independiente y que el Ejecutivo no puede modular arbitrariamente la aplicación de la ley. Se supone que, para cambiar las condenas, antes hay que reformar el Código Penal. Todas estas premisas, básicas en una democracia, quedaron en cuestión, con la intervención en el Congreso del ministro del Interior. «Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingresen en prisión», confesó Jorge Fernández Díaz ante la Comisión de Interior. Es difícil decir menos y explicar más. La reveladora frase confirma que estas encarcelaciones preventivas –a petición de la fiscalía– también forman parte de ese estudiado plan gubernamental contra las protestas ciudadanas, sean violentas o no. El miércoles hubo otra más, la cuarta: la secretaria de organización del sindicato CGT entró en prisión provisional, acusada de encender una hoguera simbólica como protesta ante la Bolsa de Barcelona. Es importante la preposición: «ante» no es igual a «en». Obviamente, hay una nueva posición de la fiscalía, un cambio forzado en el ordenamiento jurídico que no es casualidad. Es la misma fiscalía que pide la entrada en prisión para estos jóvenes sin juzgar, pero no para el corrupto Jaume Matas : un condenado a seis años y un día de cárcel que sigue hoy en libertad.
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